INAIP propone Reformas a la Ley de Transparencia
Mérida, Yucatán, 28 de Septiembre de 2010.- En el marco del día Internacional del Derecho a Saber, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, INAIP, presentó una propuesta de reformas a la Ley de Transparencia Estatal que permitirán mejorar y facilitar a los ciudadanos el acceso a los datos gubernamentales.
El Consejero Presidente del INAIP, Miguel Castillo Martínez, informó que esta propuesta de modificación de la ley, es producto de un estudio de las áreas de oportunidad, derivadas de los resultados de la Métrica de Transparencia 2010.
El Consejero, subrayó que la Métrica fue un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, que se realizó para dar a conocer el estado que guarda la transparencia en todo el país a fin de identificar los avances, buenas prácticas y áreas de mejora de los mecanismos de acceso a la información, cuyos resultados finales se darán a conocer en el mes de octubre.
Castillo Martínez, indicó que una de las propuestas consistirá en reducir el tiempo para resolver los recursos de inconformidad a 28 días hábiles, en lugar de los 68 que son actualmente.
El Recurso de Inconformidad lo usa el ciudadano cuando los sujetos obligados le niegan información. Estos los resolvería el Consejo General del Instituto, medida que va de acuerdo con el artículo sexto constitucional y haría más expedita la entrega de la información.
Ante la presencia de los titulares de unidades de acceso y representantes de las distintas fracciones del Congreso del Estado, el titular del INAIP, indicó que entre otros rubros, el estudio del CIDE señala que a nivel nacional hay que homogenizar los formatos de los portales de los sujetos obligados, promover la existencia de buscadores temáticos y mapa del sitio, promover el uso de un lenguaje claro y accesible, mejorar el orden y la ubicación de la información, entre otras.
En su presentación, el Consejero indicó que el CIDE detectó que no todos los sujetos obligados cuentan con la posibilidad de recibir solicitudes de acceso a la información por medios electrónicos, y además se propone desalentar el uso discrecional de las prórrogas, entre otras.
FIN.
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